(LV · Silvia Oller ·23/04/23) Los obispos españoles han reclamado esta semana una educación gratuita independientemente de la titularidad pública o privada del centro y del modelo de confesión religiosa en el marco de la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Española (CEE). “Las familias deben exigir el derecho a poder elegir la educación que prefieren sobre sus hijos, sin verse penalizadas por el modelo que escojan”, señaló el presidente de la CEE, Juan José Omella, que denunció la infrafinanciación de la escuela concertada y se cuestionó si no podría ser el cheque escolar la herramienta que ayude garantizar su pervivencia.
“¿No podría ser el cheque escolar la verdadera neutralidad y libertad que pedimos a la administración competente?”, se interrogaba Omella, que puso el ejemplo de lo que ocurre en otros países europeos que “financian abierta y completamente la educación de los niños y adolescentes en la escuela escogida por los padres, sean cuales sean su titularidad, modelo educativo y confesión religiosa o laica”.
Los centros católicos creen que el mejor sistema pasa por aumentar la financiación
Esa idea, que no es nueva, ha reabierto el debate sobre la financiación de la escuela concertada, que se sufraga en un 65% con el concierto educativo, que sirve para pagar el sueldo del profesorado y de una parte de los gastos de funcionamiento de la escuela y en un 35% por las aportaciones que realizan las familias, que cubren los costes de la sexta hora, el pago de especialistas contratados por el centro, los gastos de funcionamiento que no cubre el concierto y otros servicios educativos.
La secretaria general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC), Meritxell Ruiz, recuerda que en Catalunya ya existe una ley educativa, aprobada en el 2009, que reconoce que el servicio educativo, integrado por centros públicos y concertados, debe ser gratuito. En este sentido, considera que lo que hay que hacer es “avanzar en la gratuidad del sistema”, desplegando completamente –también en la vertiente económica– una ley que ya está aprobada. “Que el 35% de los costes de educación los tengan que pagar las familias es un problema especialmente para aquellas que concentran más alumnado vulnerable”, resalta Ruiz. “Lo que debemos reivindicar es que el Govern financie ese 35% para que todo nuestro alumnado pueda acudir a nuestros centros sin necesidad de pagar”.
